Argentina
indígena
La población del actual
territorio argentino a la llegada de los españoles a principios del siglo XVI
sumaba unas 330.000 personas agrupadas en una veintena de grupos étnicos. Los
habitantes del Noroeste, de las Sierras Centrales y de la Mesopotamia practicaban
la agricultura, mientras que el resto del territorio estaba ocupado por grupos
de cazadores-recolectores. Las culturas más extendidas fueron los diaguitas al
Noroeste, los guaraníes, los tupíes, los tobas y los guaycurúes en el Noreste,
los pampas en el centro y los tehuelches, mapuches y onas en el Sur.
Conquista y colonia (1492-1776)
En 1536 Don Pedro de Mendoza fundó Santa María de los Buenos
Ayres, la primera ciudad argentina. La miseria y el hambre doblegaron a Mendoza
y su gente y Buenos Aires quedó despoblado hasta su segunda fundación por Juan
de Garay en 1580. Las ciudades argentinas fueron fundadas por conquistadores
que provenían de distintas zonas de América. La corriente pobladora del este,
llegada desde España, tomó como base de operaciones la ciudad de Asunción y
fundó las ciudades litorales. La que vino desde el Perú ocupó el Tucumán, como
se llamaba entonces a todo el Noroeste argentino. Las ciudades cuyanas fueron
fundadas por la corriente proveniente de Chile.
Virreinato
(1776-1810)
Lo que hoy es la Argentina
perteneció al virreinato del Perú hasta que en 1776 el rey Carlos III creó el
Virreinato del Río de la Plata, cuyo primer virrey fue Pedro de Ceballos. La
capital, Buenos Aires, se convirtió en un gran puerto comercial y se incrementó
notablemente la exportación de cueros, tasajo y de la plata proveniente de las
minas del Potosí. El sistema de monopolio impuesto por España prohibía
comerciar con otro país que no fuera la propia España. Esto encarecía
notablemente los productos y complicaba la exportación al tiempo que fomentaba
el contrabando a gran escala. En 1806 y 1807 se produjeron dos invasiones
inglesas, que fueron rechazadas por el pueblo de Buenos Aires, alistado en
milicias de criollos y españoles. En cada milicia, los jefes y oficiales fueron
elegidos democráticamente por sus integrantes. Las milicias se transformaron en
centros de discusión política.
Independencia (1810-1820)
Las invasiones inglesas
demostraron que España estaba seriamente debilitada y que no podía ni abastecer
correctamente ni defender a sus colonias. La ocupación
francesa de España por Napoleón, la captura de del Rey Carlos IV y su hijo
Fernando VII y la caída de la Junta Central de Sevilla decidieron a los
criollos a actuar. El 25 de mayo de 1810 se formó la Primera Junta de gobierno
presidida por Cornelio Saavedra, que puso fin al período virreinal. Mariano
Moreno, secretario de la Junta, llevó adelante una política revolucionaria
tendiente a fomentar el libre comercio y a sentar las bases para una futura
independencia.
Entre 1810 y
1820 se vive un clima de gran inestabilidad política. Se suceden los gobiernos
(Primera Junta (1810), Junta Grande (1811), Triunviratos (1811-1814) y el
Directorio (1814-1820) que no pueden consolidar su poder y deben hacer frente a
la guerra contra España. En esta lucha se destacaron Manuel Belgrano, José de San
Martín, llegado al país en 1812, y Martín Miguel de Güemes. Las campañas
sanmartinianas terminaron, tras liberar a Chile, con el centro del poder
español de Lima. El 9 de julio de 1816 un congreso de diputados de las
Provincias Unidas proclamó la independencia y en 1819 dictó una constitución
centralista que despertó el enojo de las provincias, celosas de su autonomía.
Era de Rivadavia (1820-1829)
A partir de 1819 en el
país se fueron definiendo claramente dos tendencias políticas: los federales,
partidarios de las autonomías provinciales, y los unitarios, partidarios del
poder central de Buenos Aires. Estas disputas políticas desembocaron en una
larga guerra civil cuyo primer episodio fue la batalla de Cepeda en febrero de
1820, cuando los caudillos federales de Santa Fe, Estanislao López, y de Entre
Ríos, Francisco Ramírez, derrocaron al directorio. A partir de entonces, cada
provincia se gobernó por su cuenta. La principal beneficiada por la situación
fue Buenos Aires, la provincia más rica, que retuvo para sí las rentas de
la Aduana y los negocios del puerto.
Época de Rosas (1829-1852)
En 1829 uno de los
estancieros más poderosos de la provincia, Juan Manuel de Rosas, asumió la
gobernación de Buenos Aires y ejerció una enorme influencia sobre todo el país.
A partir de entonces y hasta su caída en 1852, retuvo el poder en forma
autoritaria, persiguiendo duramente a sus opositores y censurando a la prensa,
aunque contando con el apoyo de amplios sectores del pueblo y de las clases
altas porteñas. Durante el rosismo creció enormemente la actividad ganadera
bonaerense, las exportaciones y algunas industrias del interior que fueron
protegidas gracias a la Ley de Aduanas. Rosas se opuso a la organización
nacional y a la sanción de una constitución, porque ello hubiera significado el
reparto de las rentas aduaneras al resto del país y la pérdida de la hegemonía
porteña.
Buenos Aires y la Confederación (1852-1862)
Justo José de Urquiza era gobernador de Entre Ríos, una provincia productora de
ganado como Buenos Aires que se veía seriamente perjudicada por la política de
Rosas, que no permitía la libre navegación de los ríos y frenaba el comercio y
el desarrollo provinciales. En 1851, Urquiza se pronunció contra Rosas y formó,
con ayuda brasileña, el Ejercito Grande con el que derrotó definitivamente a
Rosas en Caseros el 3 de febrero de 1852. Urquiza convocó a un Congreso
Constituyente en Santa Fe que en mayo de 1853 sancionó la Constitución
Nacional. Pero aunque ya no estaba Rosas, los intereses de la clase alta porteña
seguían siendo los mismos y Bartolomé Mitre y Adolfo Alsina dieron un golpe de
estado, conocido como la "Revolución del 11 de Septiembre de 1852". A
partir de entonces, el país quedó por casi diez años dividido en dos: el Estado
de Buenos Aires y la Confederación (el resto de las provincias con capital en
Paraná). La separación duró casi diez años, hasta que en septiembre de 1861, el
líder porteño Bartolomé Mitre derrotó a Urquiza en Pavón y unificó al país bajo
la tutela porteña.
Organización nacional (1862-1880)
Luego de la batalla de
Pavón se sucedieron los gobiernos de Bartolomé Mitre (1862-68), Domingo F.
Sarmiento (1868-1874) y Nicolás Avellaneda (1874-1880), quienes concretaron la
derrota de las oposiciones del interior, la ocupación del todo el territorio
nacional y la organización institucional del país fomentando la educación, la
agricultura, las comunicaciones, los transportes, la inmigración y la
incorporación de la Argentina al mercado mundial como proveedora de materias
primas y compradora de manufacturas.
República liberal (1880-1916)
En 1880 llegó al poder el
general Julio A. Roca, quien consolidó el modelo económico agroexportador y el
modelo político conservador basado en el fraude electoral y la exclusión de la
mayoría de la población de la vida política. Se incrementaron notablemente las
inversiones inglesas en bancos, frigoríficos y ferrocarriles y creció nuestra
deuda externa. En 1890 se produjo una grave crisis financiera en la que se
cristalizaron distintas oposiciones al régimen gobernante. Por el lado
político, la Unión Cívica Radical luchaba por la limpieza electoral y contra la
corrupción, mientras que, por el lado social, el movimiento obrero peleaba por
la dignidad de los trabajadores desde los gremios socialistas y anarquistas.
La lucha
radical, expresada en las revoluciones de 1893 y 1905, y el creciente
descontento social, expresado por innumerables huelgas, llevaron a un sector de
la clase dominante a impulsar una reforma electoral para calmar los ánimos y
trasladar la discusión política de las calles al parlamento. En 1912, el
presidente Roque Sáenz Peña logró la sanción de la ley que lleva su nombre y
que estableció el voto secreto y obligatorio.
Primeros gobiernos radicales (1916-1930)
La aplicación de la Ley
Sáenz Peña hizo posible la llegada del radicalismo al gobierno. Los radicales
gobernaron el país entre 1916 y 1930 bajo las presidencias de Hipólito Yrigoyen
(1916-1922) (1928-1930) y Marcelo T. de Alvear (1922-1928), e impulsaron
importantes cambios tendientes a la ampliación de la participación ciudadana,
la democratización de la sociedad, la nacionalización del petróleo y la difusión de la enseñanza universitaria. El período no estuvo
exento de conflictos sociales derivados de las graves condiciones de vida de
los trabajadores. Algunas de sus protestas, como la de la Semana Trágica y la
de la Patagonia, fueron duramente reprimidas con miles de trabajadores
detenidos y centenares de muertos.
Década infame (1930-1943)
El 6 de septiembre de 1930 los generales José Félix Uriburu y Agustín P. Justo
encabezaron un golpe de estado, apoyado por grupos políticos conservadores, y
expulsaron del gobierno a Yrigoyen, inaugurando un período en el que volvió el
fraude electoral y la exclusión política de las mayorías. En 1933 se firmó el
Pacto Roca-Runciman con Inglaterra, que aumentó enormemente la dependencia
Argentina con ese país. Se sucedieron los gobiernos conservadores (el general
Uriburu, entre 1930 y 1932; el general Justo, entre 1932 y 38; Roberto Ortiz,
entre 1938 y 1942, y Ramón Castillo, entre 1942 y 1943), que se desentendieron
de los padecimientos de los sectores populares y beneficiaron con sus políticas
a los grupos y familias más poderosas del país.
Ascenso y auge del peronismo (1943-1955)
En 1943 un grupo de militares
nacionalistas dio un golpe de estado y derrocó al presidente Castillo. Dentro
de este grupo se destacó el coronel Juan Domingo Perón, quien, desde la
secretaría de Trabajo y Previsión, llevó adelante un política tendiente a
mejorar la legislación laboral y social (vacaciones pagas, jubilaciones,
tribunales de trabajo). El apoyo popular a Perón lo condujo al gobierno en las
elecciones de 1946. Durante sus dos presidencias (1946-1952 y 1952-1955) Perón,
que ejerció el poder limitando el accionar de la oposición y censurando a la
prensa, impulsó una política que combinaba el impulso de la industria, el
empleo, las comunicaciones y los transportes, con la acción social desarrollada
por Eva Perón a través de la construcción de hospitales, escuelas, hogares para
niños y ancianos, y ayuda económica para los más pobres.
“Revolución
libertadora” (1955-1958)
En 1955 un golpe militar
con amplio apoyo político y social derrocó a Perón, quien marchó al exilio.
Tras el breve interregno de Lonardi, militar de corte nacionalista y católico,
un nuevo golpe de comando puso al Ejército, representado por Pedro Eugenio
Aramburu, y a la Marina, representada por Isaac Rojas, a la cabeza de un
gobierno, cuyo objetivo medular era eliminar al peronismo de la vida nacional,
apuntando fundamentalmente al movimiento obrero. El decreto 4161 y los
fusilamientos de junio de 1956, máxima expresión de la reacción, se combinaron
con la reforma de la constitución (1957) y la implementación de un proyecto
económico liberal ideado por Raúl Prebisch, que buscaba desmontar el
modelo peronista y lograr la “estabilización” económica con el respaldo del
FMI. En este marco de violenta persecución, comenzó la denominada “resistencia
peronista”, que se extendió también a numerosos sectores populares no
peronistas. No sin oposición interna, el régimen militar concedió una apertura
electoral que creyó controlar y que dio paso al período de las democracias
condicionadas encabezadas por gobiernos radicales.
Frondizi
e Illia (1958-1966)
En 1958 el líder de la
Unión Cívica Radical Intransigente, Arturo Frondizi, llegó al gobierno tras
sellar una alianza con Perón. Sin embargo, su política desarrollista, llevada a
cabo mediante la contratación de empresas extranjeras para la extracción de
petróleo y la gestión de un crédito del FMI, condicionado a la implementación
de medidas liberales, no tardaron en granjearle la hostilidad del peronismo.
Para hacer frente a las manifestaciones de descontento, el gobierno puso en
marcha el “plan Conintes”, que otorgó al Ejército la facultad de arrestar,
detener e interrogar a gremialistas y opositores. Su política exterior y el
triunfo del peronismo en las elecciones de 1962 precipitaron un nuevo golpe de
estado. Procurando salvar la institucionalidad, asumió el presidente del
Senado, el radical José María Guido, cuyo gobierno estuvo tutelado desde las
filas castrenses. Las elecciones presidenciales de 1963, con proscripción del
peronismo, llevaron a la presidencia a Arturo Illia, de la Unión Cívica Radical
del Pueblo. La anulación de los contratos petroleros, la Ley de Medicamentos y
un aumento en la inversión en salud y educación cosecharon hostilidad en el
empresariado. El peronismo, especialmente su base sindical, y la prensa
llevaron adelante una fuerte campaña contra el líder radical, dejando el
terreno libre para que, una vez más las Fuerzas Armadas, asestaran un nuevo
golpe a la democracia. El 28 de junio de 1966, Juan Carlos Onganía asumió de
facto el mando del país. Contaba, una vez más, con amplio apoyo político y social.
La
“Revolución argentina” (1966-1973)
El general Juan Carlos
Onganía aplicó, con apoyo del FMI, un fuerte programa liberal orientado a
satisfacer los intereses de los grandes grupos económicos, al tiempo que, bajo
los auspicios de la Doctrina de la Seguridad Nacional impulsada por Estados
Unidos, convirtió la persecución del peronismo en la del comunismo y de las
guerrillas. Implantó una rígida censura, que alcanzó a toda la prensa y a todas
las manifestaciones culturales, incluyendo la intervención de las universidades
y la expulsión de profesores opositores, que derivó en lo que se conoce como la
“fuga de cerebros”.
Sin embargo,
las movilizaciones estudiantiles, las insurrecciones populares (como el
Cordobazo) y la organización guerrillera debilitaron al gobierno provocando un
golpe interno. En junio de 1970 asumiría Roberto Levingston, de corte
nacionalista, que no lograría contener las protestas populares y la actividad
guerrillera. Una segunda manifestación popular en Córdoba, conocida como el “Viborazo”,
dio por tierra con este nuevo gobierno. En marzo de 1971, asumió Alejandro
Agustín Lanusse, quien propugnó una política conciliatoria, a través del GAN
(Gran Acuerdo Nacional), permitiendo el regreso de Juan Domingo Perón y
convocando a elecciones nacionales sin proscripciones para el peronismo. En
marzo de 1973, el triunfo sería para los candidatos de esa fuerza, Héctor
Cámpora y Vicente Solano Lima.
Vuelta de Perón (1973-1976)
Entre 1973 y 1976 gobernó
nuevamente el peronismo con cuatro presidentes (Cámpora, 1973; Lastiri, 1973;
Perón, 1973-1974; e Isabel Perón 1974-1976), quienes intentaron retomar algunas
de las medidas sociales del primer peronismo, como el impulso de la industria y
la acción social, el mejoramiento de los sueldos y el control de precios. Pero
los conflictos internos del movimiento peronista y la guerrilla, sumados a la
crisis económica mundial de 1973, complicaron la situación, que se agravó aún
más con la muerte de Perón en 1974 y la incapacidad de su sucesora, Isabel
Perón, de conducir el país. Esta crisis fue aprovechada para terminar con el
gobierno democrático y dar un nuevo golpe militar, que contó una vez más con un
amplio respaldo civil.
Dictadura (1976-1983)
La dictadura militar que
gobernó el país entre 1976 y 1983 contó con el decisivo respaldo de los grandes
grupos económicos nacionales y el financiamiento permanente de los grandes
bancos internacionales y los organismos internacionales de crédito, como el
Banco Mundial y el FMI. El saldo de su gestión fue el de miles de muertos y
desaparecidos, centenares de miles de exiliados, la derrota del Ejército
argentino en Malvinas, la multiplicación de la deuda externa por cinco, la
destrucción de gran parte del aparato productivo nacional y la quiebra y el
vaciamiento de la totalidad de las empresas públicas a causa de la corrupción
de sus directivos y de la implementación de una política económica que
beneficiaba a los grupos económicos locales y extranjeros.
Raúl Alfonsín (1983-1989)
El 10 de diciembre de
1983, después de casi veinte años, el radicalismo volvía al gobierno tras el
triunfo de Raúl Alfonsín. Empujado por la fuerza de los organismos de derechos
humanos que nacían tras la feroz represión militar, el líder radical abrió las
puertas a las denuncias y a una primera investigación sobre los crímenes de
lesa humanidad cometidos durante la dictadura, que se reflejó en el informe de
la CONADEP y que permitió que fueran juzgadas las cúpulas militares en el
Juicio a las Juntas. Aunque insuficiente para algunos organismos, la política
de derechos humanos de Alfonsín fue severamente atacada por amplios sectores
militares, que produjeron el movimiento carapintada, los retrocesos hacia las
Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y el último intento guerrillero que
culminó en la masacre de La Tablada. Pero lo que había cambiado sustancialmente
eran las bases económicas. Con el creciente poderío de los grupos financieros y
un mecanismo de endeudamiento externo incontrolable, Alfonsín cedió ante las
recetas liberales y no logró reencauzar una economía desindustrializada y
anémica. Con escaso apoyo social, frente a un peronismo conspirativo y con los
grupos económicos en contra, la hiperinflación obligó a Alfonsín a renunciar
antes de tiempo. Vendría el tiempo del “menemato”.
Carlos Menem (1989-1999)
La caída del Muro de
Berlín y el fin de la era del mundo bipolar se combinaron con el avance de
Estados Unidos hacia la región latinoamericana, cuya formulación más
emblemática en materia económica fue el Consenso de Washington, una serie de
medidas que establecían la aplicación en América Latina de un proyecto de corte
neoliberal. Carlos Menem, el candidato peronista que accedió a la presidencia
en 1989, procedió paradójicamente a implementar este programa, que se
encontraba en las antípodas de su prédica electoral y de los postulados
históricos del peronismo. La privatización de empresas estatales, como YPF,
Aerolíneas Argentinas, Entel, Gas del Estado, entre otras, fue acompañada por
una apertura indiscriminada del mercado a los productos y capitales extranjeros
y por una política de “relaciones carnales” con los Estados Unidos. El proyecto
se completó con el Plan de Convertibilidad monetaria impulsado por Domingo
Cavallo y las renegociaciones de la deuda externa, que provocaron una mayor
dependencia y endeudamiento. El modelo suscitó el apoyo de los sectores medios,
que inicialmente se vieron beneficiados por la política monetaria y de
importación. Pero pronto comenzaron a hacerse visibles los efectos devastadores
en términos sociales y culturales, con una explosión de la desocupación y de la
pobreza, y con la visibilidad e impunidad de la corrupción a gran escala. A
ello se sumaba una política de “reconciliación” plasmada con los indultos a las
cúpulas militares que implementaron el Terrorismo de Estado y también a las
guerrilleras. El descontento social no se hizo esperar y algunos estallidos
populares (Santiagueñazo y piqueteros en CutralCó y General Mosconi) fueron
acompañados por la convergencia política de amplios sectores en lo que terminaría
conformando el crítico y progresista espacio del FREPASO y la posterior
moderada Alianza en 1997, que con Fernando de la Rúa a la cabeza, pondría fin
al gobierno menemista en 1999, pero no al modelo neoliberal implementado.
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